Decenas de personas se congregaron frente a la Casa Rosada en una emotiva vigilia para exigir la reversión del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La manifestación, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reunió a personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector, quienes expresaron su profunda preocupación por las consecuencias del ajuste en sus vidas y en el acceso a servicios esenciales.
Bajo la lluvia y a la luz de las velas, los manifestantes clamaron por la sensibilidad de los diputados para revocar el veto y priorizar las necesidades de las personas con discapacidad. Débora Ferrilli, presidenta de la asociación civil Unidos por la Alegría, compartió su testimonio, destacando el sufrimiento de las familias ante los recortes en terapias y el cierre de centros de día. "Estamos sufriendo mucho las familias que tenemos hijos con discapacidad", afirmó Ferrilli.
La ley de emergencia en discapacidad, aunque no representa una solución definitiva, es considerada crucial para paliar la grave situación actual. Un aspecto fundamental de la ley es la actualización de los aranceles del Nomenclador, un reclamo histórico del sector que busca garantizar la sostenibilidad de los servicios y la calidad de la atención.
¿Qué implica el veto a la ley de emergencia en discapacidad?
El veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad genera incertidumbre y preocupación en un sector ya vulnerable. La falta de actualización de los aranceles y los recortes presupuestarios dificultan el acceso a terapias, centros de día y otros servicios esenciales, impactando negativamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
El reclamo del sector:
- Reversión del veto presidencial.
- Actualización de los aranceles del Nomenclador.
- Garantía del acceso a servicios esenciales.
- Mayor inversión en políticas públicas para la discapacidad.
La vigilia frente a la Rosada es un llamado a la acción para que los legisladores escuchen las voces de las personas con discapacidad y tomen medidas concretas para proteger sus derechos y garantizar su inclusión en la sociedad.