La jueza Loretta Preska, de Nueva York, ha vuelto a fallar en contra de Argentina en la prolongada causa relacionada con la estatización de YPF en 2012. Esta vez, exige que el país presente una lista completa de sus activos en el exterior, luego del fallo que obliga a Argentina a pagar US$ 16.100 millones a fondos especulativos.
La decisión de Preska se produce después de que el gobierno argentino solicitara diferenciar entre bienes "comerciales" y "estratégicos" (como los de Defensa), y limitar la información requerida a activos potencialmente embargables. Sin embargo, la jueza rechazó este pedido, insistiendo en que se proporcione información sobre la totalidad de los activos argentinos en el extranjero.
¿Qué implica el 'discovery' en este caso?
El 'discovery' es un instrumento legal del derecho estadounidense que permite solicitar información para identificar activos susceptibles de embargo. La defensa argentina argumentó que, según jurisprudencia previa (como el caso NML Capital), solo se puede ordenar el 'discovery' de activos potencialmente embargables, y que la solicitud actual de Preska es demasiado amplia.
Próximos Pasos en la Causa YPF
Preska ha indicado que, una vez que reciba la información solicitada, analizará cuáles activos argentinos son "embargables" y cuáles quedarían exentos. Esta decisión se suma a un rechazo anterior de Preska a una moción de reconsideración presentada por Argentina sobre el acceso a dispositivos personales de funcionarios y ex funcionarios.
Además, una Cámara de Apelaciones de Nueva York definirá si mantiene la suspensión de la entrega del 51% de las acciones de YPF hasta que se definan las apelaciones. El tribunal podría levantar esa medida u ordenar que el país presente algún otro tipo de garantía económica mientras avanzan las apelaciones en el juicio.
Implicaciones del Fallo
Este caso ha generado gran controversia y preocupación en Argentina, dada la magnitud de la suma adeudada y el potencial impacto en la economía nacional. La exigencia de revelar la totalidad de los activos en el exterior aumenta la presión sobre el gobierno argentino, que busca alternativas para mitigar las consecuencias del fallo.
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, incluyendo acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), falta de imparcialidad judicial, ausencia de pruebas directas, desigualdad en el tratamiento de la prueba y exposición mediática parcial y anticipada del caso.