¿Plan Familia Militar: Beneficios genuinos o una jugada electoral?
El Gobierno argentino ha presentado el programa “Familia Militar”, ofreciendo descuentos y beneficios para el personal de Defensa en supermercados, electrodomésticos y gimnasios. Este plan unifica acuerdos comerciales gestionados previamente por cada Fuerza Armada, buscando eliminar diferencias en las rebajas. La medida, oficializada mediante la Resolución 807/2025, fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, con la ausencia del Ministro de Defensa, Luis Petri.
Facundo Quiroga, director general de Relaciones Institucionales, lidera la implementación. Se busca fortalecer el sistema de beneficios, sumando empresas al programa. Actualmente, 200 empresas están involucradas, con la expectativa de superar las mil. Cencosud, con sus cadenas de supermercados, participa en la iniciativa, promoviendo una unión entre lo público y lo privado.
Sin embargo, la iniciativa coincide con el lanzamiento de un plan de beneficios bancarios impulsado por el Ministro de Defensa, Luis Petri, quien también es candidato a diputado por Mendoza. Este plan ofrece reintegros de hasta 300 mil pesos para los integrantes del Ministerio, generando suspicacias sobre si se trata de una estrategia electoral. La promoción, realizada a través del Banco Nación, ofrece descuentos con tarjetas Visa y Mastercard, tanto de crédito como de débito.
Las críticas no se han hecho esperar, recordando las acusaciones del oficialismo al peronismo por el uso de “planes platita” durante la campaña electoral de 2023. La coincidencia entre los beneficios y la campaña electoral de Petri plantea interrogantes sobre la motivación real detrás de estas medidas. ¿Son beneficios genuinos para el personal de Defensa, o una estrategia para ganar votos en las próximas elecciones?
En conclusión, el programa “Familia Militar” y los beneficios bancarios para el personal de Defensa generan un debate sobre la transparencia y la ética en la gestión pública, especialmente en tiempos electorales. La ciudadanía deberá evaluar si estas medidas responden a necesidades reales del sector o a intereses políticos particulares.