Joel Ojeda, conocido por su participación en Gran Hermano, enfrenta graves acusaciones y fue detenido en un operativo policial en Muñiz, San Miguel. ¿El motivo? Promocionar juegos de azar ilegales a través de sus redes sociales, exponiendo incluso a menores de edad a riesgos y fomentando apuestas prohibidas.
De la Fama al Escándalo: El Caso Joel Ojeda
A pesar de haber sido notificado hace cinco meses, Ojeda continuó con su accionar, aprovechando su popularidad en Instagram, donde cuenta con más de 460,000 seguidores, para captar apostadores. La Policía Judicial, junto con personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, llevó a cabo la detención tras una investigación exhaustiva.
La Lotería de la Ciudad, bajo la dirección de Jesús Acevedo, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, realizaron más de 30 allanamientos simultáneos, ordenados judicialmente. Además, se bloquearon cerca de 2,300 perfiles y publicaciones en redes sociales y se enviaron alrededor de 100 Cartas Documento a personas involucradas.
Consecuencias y Peligros de la Promoción Ilegal
Este caso pone de manifiesto los peligros asociados a la promoción de plataformas ilegales por parte de figuras mediáticas. La facilidad de acceso a estas plataformas, incluso para menores de edad, genera preocupación y subraya la necesidad de una mayor regulación y control.
- Riesgo para menores: La exposición a juegos de azar ilegales puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de jóvenes.
- Falta de regulación: Estas plataformas operan fuera del marco legal, sin garantías para los usuarios.
- Responsabilidad de figuras públicas: La promoción de estos sitios por parte de influencers puede normalizar prácticas peligrosas.
El allanamiento en la vivienda de Ojeda resultó en el hallazgo de dinero en efectivo y computadoras, que serán sometidas a peritajes para determinar el alcance de su actividad ilícita. Este caso continúa en desarrollo y genera un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de actividades ilegales.