La decisión de un comité parlamentario en Jamaica de aceptar una propuesta para remover al Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC) ha desatado una fuerte controversia política. La propuesta, impulsada por Everald Warmington, miembro del Parlamento, argumenta que la presencia del AG en la IC viola la constitución.
Argumentos a favor de la remoción
Los miembros del gobierno en el comité justifican la remoción argumentando que la IC recibe anualmente cerca de 2 mil millones de dólares del Estado y, por lo tanto, debería estar sujeta a una auditoría rigurosa que solo el departamento del AG puede realizar. Si bien actualmente la IC es auditada por una firma independiente, el gobierno considera que esta auditoría no es lo suficientemente exhaustiva para la cantidad de recursos que maneja la comisión.
Oposición a la medida
Los miembros de la oposición, como el Dr. Morais Guy y Julian Robinson, se opusieron a la remoción del AG. El presidente del Partido Nacional del Pueblo (PNP), Mark Golding, calificó la decisión como un ataque estratégico y peligroso a la arquitectura anticorrupción de Jamaica, argumentando que el Auditor General ha sido miembro de los principales órganos de supervisión de la integridad desde la independencia.
Acusaciones de hipocresía
En respuesta a las críticas del PNP, el senador del gobierno, Marlon Morgan, acusó al partido de hipocresía, afirmando que en 2019 el PNP había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad.
Implicaciones futuras
La remoción del Auditor General de la Comisión de Integridad genera interrogantes sobre la independencia y la efectividad de la supervisión anticorrupción en Jamaica. El debate público y las implicaciones políticas de esta decisión continuarán desarrollándose en los próximos días.